Para combatir la discriminación las instituciones públicas deben:
- Revisar las reglas y normas de programas públicos para evitar que ellas contengan normas que promuevan la discriminación directa o indirecta.
- Evitar tratos discriminatorios en la prestación de servicios directos a la población.
Impulsar medidas legales que prevengan y prohíban actos de discriminación.
- Establecer sanciones penales o administrativas ante trato discriminatorio de parte de particulares o instituciones.
- Diseñar y ejecutar acciones afirmativas que compensen las desventajas de ciertas poblaciones para acceder a las oportunidades educativas, de salud, de acceso a la vivienda, a la diversión y otras.
- Realizar campañas con lenguaje incluyente que promocionen el conocimiento de los derechos por parte de la población.
Las instituciones en las que trabajamos no deben funcionar como agentes que incuban y reproducen la discriminación, sino para construir una cultura de denuncia y de experiencias y prácticas libres de discriminación.